Por Gabriel Arreguín
La historia del sistema de armonización contable REGER, adquirido en la administración de Montserrat Caballero, se ha convertido en un espejo incómodo para el Ayuntamiento de Tijuana. Mientras la empresa desarrolladora, MTI Consultoría, defiende públicamente la calidad de su software y recuerda que el contrato establecía garantías, soporte técnico por 20 años y una fianza que caducó en septiembre de 2025, la actual sindicatura encabezada por Teresita Balderas parece haber optado por el silencio y la evasión.
MTI Consultoría, con 28 años de operación y presencia en múltiples municipios, asegura que REGER es una herramienta de innovación y transparencia. En su comunicado, la firma subrayó que permanece “a la espera” de que el gobierno municipal solicite apoyo para integrar plenamente el sistema. Sin embargo, evitó precisar cuándo fue la última vez que brindó soporte y tampoco respondió sobre el presunto sobreprecio señalado por la Fiscalía Anticorrupción.
La polémica se da en paralelo al proceso penal contra seis exfuncionarios de la administración de Caballero, acusados de irregularidades en la adjudicación directa del sistema. La audiencia intermedia está programada para febrero de 2026. Entre los vinculados figuran exdirectores de Tecnologías de la Información y Recursos Materiales, así como colaboradores cercanos a regidores. El caso se mantiene abierto y no se descartan nuevas líneas de investigación.
Aquí emerge la pregunta central: ¿por qué la síndico Teresita Balderas no hizo valer las garantías contractuales antes de declarar que el sistema “no sirve”?
El contrato estipulaba soporte técnico por dos décadas. Existía una fianza que expiraba en septiembre de 2025. La empresa estaba obligada a responder ante fallas o incumplimientos.
La falta de acción de la sindicatura no solo debilita la defensa institucional del Ayuntamiento, sino que podría implicar responsabilidades legales por omitir procedimientos antes de descalificar el sistema. La figura de la síndico procuradora, llamada a ser garante de la legalidad, aparece hoy como ausente en el tablero.
En contraste, la exalcaldesa Montserrat Caballero ha salido a dar la cara ante las acusaciones, defendiendo su gestión y enfrentando el proceso judicial. Su aparición pública, aunque polémica, marca un contraste con la actual administración, que parece más inclinada a deslindarse que a resolver.
El caso REGER no es solo un debate técnico sobre un software. Es el símbolo de cómo las instituciones pueden fallar cuando la legalidad se convierte en un trámite y la sindicatura en un espectador. La omisión de hacer valer garantías y fianzas revela un vacío de sindicatura que deja al ciudadano en la incertidumbre: ¿se trata de incompetencia, de cálculo político o de complicidad silenciosa?
La empresa afirma que tuvo acercamientos con el alcalde Ismael Burgueño y que se puso a sus órdenes. Ni él ni otros funcionarios manifestaron mal funcionamiento del sistema. ¿Por qué entonces la sindicatura declaró que “no sirve”?
MTI asegura que, antes de que concluyera la vigencia de las garantías y de la fianza, envió escritos poniéndose a disposición y requiriendo el pago pendiente. No recibió respuesta. Si la fianza vencía en 2025 y el Ayuntamiento no la hizo valer, ¿qué consecuencias legales acarrea esa omisión?
Ante el supuesto no funcionamiento del sistema, procedía una sanción contra la empresa. ¿Se aplicó? Y si no se hizo, ¿no está incurriendo la sindicatura en responsabilidad por omisión?
Con estas preguntas, el texto deja de ser solo un relato y se convierte en un acto de interpelación ciudadana: obliga a la sindicatura a responder, expone la contradicción entre el discurso oficial y los compromisos contractuales, y coloca al ciudadano frente al dilema de si las instituciones están actuando con legalidad o con cálculo político.
