Pro Gabriel Arreguín
Semanario ABC/ Tijuana, Baja California. La Policía Municipal informó la detención de un ciudadano en la colonia Nueva el pasado 20 de diciembre en Tijuana, acusado de ofrecer dinero a oficiales para evitar una sanción. El caso fue difundido con rapidez y presentado como ejemplo de la aplicación estricta de la ley.
Sin embargo, la misma contundencia no se observa cuando los señalados son policías o funcionarios que aparecen en videos pidiendo dinero, o incluso denunciados por privar de la libertad y cometer robos. Estos casos sea han publicado en Semanario ABC, que documentó públicamente las denuncias. A pesar de ello, los oficiales continúan en funciones, protegidos por la sindicatura, sin que se tomen medidas claras ni sanciones efectivas.
La situación expone una doble moral: se exhibe públicamente al ciudadano común, mientras se protege a quienes desde el uniforme han normalizado prácticas de corrupción. La justicia se convierte en un espejo desigual, que refleja dureza hacia abajo y tolerancia hacia arriba.
El mensaje oficial insiste en que ofrecer dinero es delito, pero se omite reconocer que pedirlo o aceptarlo también lo es. La ciudadanía merece transparencia y congruencia: no basta con detener a quien intenta sobornar, es indispensable que se sancione con la misma fuerza a los servidores públicos que convierten la corrupción en rutina.
La confianza en las instituciones no se construye con castigos selectivos, sino con un compromiso real de aplicar la ley sin privilegios ni excepciones.
