Semanario ABC / Tijuana, B.C.
Mientras comerciantes ambulantes de Playas de Tijuana viven bajo amenaza, extorsión y miedo, la Fiscalía General del Estado asegura que “no hay denuncias” y que “no existe cobro de piso” en los mercados sobre ruedas. La declaración, que raya en la negación institucional, contrasta con la detención reciente de una mujer y tres hombres sorprendidos repartiendo mensajes intimidatorios y exigiendo pagos ilegales a nombre de un presunto grupo delictivo.
Los hechos ocurrieron en pleno tianguis, con armas, hojas impresas y amenazas explícitas. ¿Y aún así no hay indicios? ¿No hay denuncias? ¿Qué más necesita la Fiscalía para reconocer lo evidente?
Los comerciantes han hablado. Han enviado videos, han mostrado los papeles, han pedido protección. Pero la respuesta oficial sigue siendo el silencio, la evasión, la simulación. Y mientras tanto, los mercados se convierten en territorios de miedo, donde vender fruta o ropa usada implica pagar tributo a la delincuencia.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha prometido seguridad, pero los tianguis siguen sin vigilancia efectiva. La Fiscalía ajusta cifras, pero no ajusta la realidad. Y los ciudadanos, una vez más, quedan atrapados entre la extorsión y la indiferencia.
Este medio exige claridad, acción y presencia. Porque cuando el cobro de piso se vuelve masivo y visible, y aún así se niega desde el poder, lo que se está protegiendo no es al ciudadano, sino al sistema que lo traiciona.
