La industria de la cirugía estética en México, un mercado que ha generado más de 15,000 millones de dólares en los últimos cinco años, se encuentra en el ojo del huracán. Este lucrativo sector se ve empañado por alegaciones de evasión fiscal significativa y prácticas corruptas, planteando serias dudas sobre su integridad y contribución fiscal.
A diferencia de otros procedimientos médicos, la cirugía estética generalmente no es deducible de impuestos, a menos que se trate de reconstrucciones por razones médicas. Este detalle ha alimentado un sistema donde gran parte de los ingresos no se reflejan en la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
La situación se complica aún más por alegaciones de un esquema de monopolio «legal» dentro del gremio médico. Se acusa a ciertos profesionales de influir indebidamente en legisladores y autoridades educativas, manipulando nomenclaturas y certificaciones para favorecer sus intereses. Esta ambición desmedida por acaparar el negocio de la cirugía estética parece estar marcada por la corrupción y complicidad.
Un aspecto preocupante es la prevalencia de pagos en efectivo en esta industria, tanto en dólares como en pesos, lo que facilita la ocultación de ingresos y complica la trazabilidad de las operaciones. La renuencia a aceptar pagos con tarjeta bancaria solo intensifica las sospechas de evasión fiscal. Además, algunos cirujanos han recurrido a la creación de «fundaciones», posiblemente para canalizar ingresos y reducir su carga tributaria.
Ante este panorama, surge una pregunta crítica: ¿Dónde están las autoridades fiscales para regular a esta industria? Mientras el SAT ha intensificado esfuerzos para detectar irregularidades en otros sectores, la industria de la cirugía estética parece permanecer en un limbo regulatorio.
Este escenario plantea un desafío crucial para México: garantizar que la industria de la cirugía estética contribuya justamente a la economía nacional. La falta de transparencia y rendición de cuentas no solo mina la confianza en el sector médico, sino que también priva al país de recursos esenciales.
