Las campañas políticas de Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura y alcaldía de Puebla respectivamente, están bajo el escrutinio por presunto enriquecimiento inexplicable y financiamiento ilegal, según denuncias de voceros del partido Morena.
Eduardo Rivera, quien también fue edil y académico, ha sido acusado de triplicar su patrimonio de 4.2 millones a más de 14 millones de pesos entre 2014 y 2023, un aumento que, según Leobardo Rodríguez de Morena, no coincide con sus ingresos declarados. Las sospechas se extienden a su esposa, Liliana Ortiz Pérez, quien es candidata a diputada federal y presuntamente posee bienes no declarados económicamente.
Además, existen alegatos de que la campaña de Rivera Pérez ha sido financiada ilegalmente con recursos provenientes de España, canalizados a través de la asociación «Hazte Oír». Eduardo García Casas, otro vocero de Morena, señala a Iñigo Ocejo y Miguel Ángel López, asociados de Rivera Pérez, como parte de esta red de financiamiento ilegal.
En cuanto a Mario Riestra Piña, se le pide que aclare cómo adquirió cuatro propiedades en destinos turísticos como Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún, valuadas en 12.1 millones de pesos. Estas propiedades estarían a nombre de familiares y su procedencia financiera está siendo cuestionada, alimentando teorías de corrupción y abuso de fondos públicos.
Con la jornada electoral aproximándose en un mes, voceros de Morena afirman que no se dejarán intimidar y continuarán denunciando cualquier acto de corrupción asociado a los candidatos del PAN. La situación pone en riesgo la candidatura de Rivera Pérez, quien podría enfrentar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y hasta la posible retirada de su candidatura por el Instituto Nacional Electoral (INE) si se confirman las irregularidades.
