Un torbellino legal envuelve a Masari Casa de Bolsa y a sus principales directivos, Adolfo Galván Romero, Diego Terán López y Manuel Herrejón Suárez, quienes se enfrentan a denuncias por su presunta implicación en operaciones con fondos de procedencia ilícita.
Las acusaciones fueron presentadas ante varias entidades, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Herrejón Suárez se encuentra en el centro de las denuncias, vinculado al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, con su posición como secretario de Vinculación Empresarial del CEN del PRI citada como evidencia.
A pesar de haber obtenido la autorización de la CNBV en 2008 para operar como intermediaria en operaciones de valores, cambios y financieras, Masari Casa de Bolsa ha enfrentado diversas sanciones, incluyendo multas por incumplimiento de regulaciones del Banco de México y la CNBV.
El historial de litigios y conflictos legales de la empresa se acentúa con la solicitud de revocación de la autorización para operar como Casa de Bolsa y la intervención urgente de sus instalaciones en Prado Norte, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
A pesar de una multa impuesta por la CNBV en noviembre de 2021, que asciende a 403 mil pesos, la empresa aún no la ha pagado, optando por presentar un juicio de nulidad. Estos acontecimientos se suman a la creciente controversia en torno a Masari Casa de Bolsa.
